La crisis política en Paraguay sumó un nuevo capítulo este viernes luego de que el Congreso rechazara el pedido de prórroga presentado por Santiago Peña para preparar su defensa en el juicio político que enfrenta. El mandatario había solicitado 72 horas adicionales, pero las autoridades parlamentarias resolvieron mantener el cronograma previsto y avanzar con el procedimiento.

Peña había enviado una nota al presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, en la que argumentó que no contaba con tiempo suficiente para responder a las acusaciones. Según explicó, recibió la notificación oficial el jueves a las 22.15, acompañada por un documento acusatorio de 15 páginas y aproximadamente 300 fojas de anexos.

El mandatario consideró que disponer de menos de 12 horas para preparar su presentación vulneraba las garantías del debido proceso y limitaba sus posibilidades de elegir un abogado y organizar las pruebas para ejercer su defensa.

Sin embargo, el planteo no prosperó y la comparecencia ante el Senado quedó convocada para este viernes a las 10, en medio de un escenario de fuerte incertidumbre institucional.

La situación se desarrolla después de que la Cámara de Diputados aprobara por unanimidad impulsar el juicio político contra Peña. El proceso está relacionado con las denuncias y cuestionamientos surgidos tras la crisis de Ueno Bank, cuya intervención dejó a millones de clientes con dificultades para acceder a sus ahorros.

Entre los señalamientos contra el mandatario aparecen presuntos conflictos de intereses, cuestionamientos sobre el manejo de fondos y posibles responsabilidades políticas vinculadas al colapso de la entidad financiera. Peña ha rechazado las acusaciones.

A este escenario se suma que el presidente había presentado su renuncia el jueves, pero el Congreso no logró completar su tratamiento debido a la falta de quórum en una sesión conjunta. Por ese motivo, continúa formalmente en el cargo mientras se define su situación institucional.

El rechazo de la prórroga profundiza la tensión política en Paraguay y deja al mandatario frente a una instancia decisiva, en un proceso que podría determinar su futuro político y las consecuencias institucionales de la crisis financiera.