El Gobierno nacional denunció este lunes la realización de vuelos sin autorización entre las Islas Malvinas y la ciudad chilena de Punta Arenas, operados por la empresa británica Thales UK Limited. La Casa Rosada anunció que avanzará con procedimientos sancionatorios, denuncias penales y gestiones diplomáticas por el caso.

La decisión fue comunicada oficialmente por la Oficina del Presidente, que informó que las operaciones fueron detectadas en la ruta aérea Malvinas-Punta Arenas mediante una aeronave con matrícula del Reino Unido y, según sostuvo el Ejecutivo argentino, sin contar con autorización de las autoridades nacionales.

Ante esta situación, el presidente Javier Milei ordenó a los equipos del Gobierno iniciar de manera urgente los procedimientos administrativos correspondientes, además de presentar las denuncias penales y activar las gestiones diplomáticas vinculadas al caso.

La denuncia por los vuelos se conoció en medio de una nueva ofensiva diplomática y jurídica de Argentina en torno a las Islas Malvinas. En el mismo comunicado, el Gobierno informó que instruyó a Cancillería y a sus equipos jurídicos para iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

El objetivo, según informó Presidencia, es impedir la explotación de recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte mediante el proyecto denominado “Sea Lion”, así como evitar nuevos permisos de explotación de recursos naturales en la zona en disputa.

El Ejecutivo argentino intimó además al Reino Unido a detener esas actividades y advirtió que, en caso de que Londres no cumpla con el requerimiento dentro del plazo establecido, Argentina solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas provisionales para preservar los derechos soberanos que reclama sobre su Plataforma Continental.

En paralelo, la Casa Rosada volvió a rechazar la posición británica sobre las Islas Malvinas y sostuvo que la denominación de “Territorio Británico de Ultramar” y el referéndum realizado en 2013 no modifican la existencia de la controversia de soberanía reconocida en el ámbito de las Naciones Unidas.

De esta manera, el Gobierno abrió nuevos frentes administrativos, penales, diplomáticos y jurídicos en la disputa con el Reino Unido, tanto por las operaciones aéreas denunciadas como por la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur.