La investigación contra Franco Alderete, titular de Lebron Group SAS, tendrá un nuevo capítulo en la Justicia Federal. El juez Bernardo L’Erario Babot declaró la incompetencia del fuero penal ordinario y ordenó remitir la totalidad de las actuaciones ante la sospecha de una posible intermediación financiera no autorizada.

La causa reúne actualmente alrededor de 15 denunciantes y el monto involucrado superaría los $536 millones. La decisión judicial se produjo a partir de un planteo realizado por el fiscal Diego Hevia, de la Fiscalía de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, quien consideró que las operaciones investigadas podrían exceder una serie de presuntas estafas individuales.

Según las denuncias incorporadas al expediente, distintas personas habrían entregado importantes sumas de dinero para inversiones relacionadas con la actividad comercial de “Lebron Suplementos”. A cambio, se habrían ofrecido rendimientos mensuales de alrededor del 7% para las inversiones realizadas en pesos y del 3,4% para aquellas efectuadas en dólares.

Los denunciantes ubicaron el comienzo de los inconvenientes en diferentes períodos. Algunos aseguraron haber registrado incumplimientos desde 2023 y 2024, aunque la mayoría sostuvo que los problemas se hicieron más evidentes durante 2025 y se profundizaron a comienzos de 2026.

Alderete, por su parte, rechazó haber cometido una estafa y sostuvo que los incumplimientos se produjeron como consecuencia de dificultades económicas. Según su postura, continúa realizando pagos y los problemas financieros le impidieron afrontar las obligaciones asumidas con algunos inversores. Además, el pasado 5 de julio presentó un pedido de quiebra ante la Justicia Civil.

Uno de los puntos centrales para determinar el cambio de jurisdicción fue la posibilidad de que haya existido una operatoria destinada a captar fondos de terceros para posteriormente invertirlos y generar ganancias sin contar con la correspondiente autorización del Banco Central.

Ante esta hipótesis, el juez consideró que los hechos investigados podrían tener consecuencias que excedan el patrimonio particular de los denunciantes y afectar también bienes jurídicos vinculados al sistema financiero, materia que corresponde investigar al fuero federal.

El magistrado también descartó dividir la investigación entre la Justicia provincial y la Federal, al considerar que hacerlo podría fragmentar el análisis de las operaciones denunciadas. Por ese motivo, resolvió enviar el expediente completo al nuevo fuero.

El pase de la causa a la Justicia Federal no determina por el momento la responsabilidad penal de Alderete ni implica que las maniobras denunciadas hayan sido acreditadas. La investigación continuará ahora bajo la nueva jurisdicción, mientras se espera que puedan presentarse más personas que aseguren haber resultado damnificadas.