El juicio por el crimen de Érika Antonella Álvarez atraviesa nuevas complicaciones en Tucumán. Durante una de las últimas audiencias, surgieron denuncias por presuntas amenazas que generaron preocupación entre las defensas y sumaron tensión al proceso judicial.

Uno de los episodios tuvo como protagonista a Marcelo Cosiansi, abogado de Felipe “El Militar” Sosa, principal acusado por el asesinato de la joven. El letrado decidió retirarse de la audiencia en medio de la situación planteada, un hecho que alteró el desarrollo habitual del debate.

La preocupación también alcanzó a la defensa de Justina Gordillo, otra de las imputadas en la causa, que presentó una denuncia por presuntas intimidaciones. Por el momento, no se conocen públicamente todos los detalles de los hechos denunciados ni se ha establecido si existe una relación directa entre ambos episodios.

Un proceso judicial atravesado por versiones enfrentadas:

El juicio busca esclarecer las circunstancias en las que murió Érika Álvarez, de 25 años, y determinar qué responsabilidad le corresponde a cada uno de los acusados. La Fiscalía sostiene que Felipe Sosa fue el autor del femicidio y atribuye a Gordillo y a Jorge Orlando “Chicho” Díaz una presunta participación en el encubrimiento.

Durante las primeras jornadas, el debate estuvo marcado por declaraciones que podrían influir en la situación de los imputados. Sosa reconoció haber trasladado el cuerpo de la joven hasta un basural de Manantial Sur, aunque aseguró que actuó sin ayuda de otras personas y negó la participación de Díaz en ese traslado.

Esa versión constituye uno de los puntos que deberán analizarse junto con las pericias, los testimonios y el resto de las pruebas incorporadas al expediente.

Las denuncias por amenazas abren un nuevo interrogante en un juicio que ya concentra una fuerte atención pública. Ahora será importante conocer qué medidas adoptarán las autoridades judiciales frente a las presentaciones realizadas y si se dispondrán acciones para resguardar a las personas involucradas.

Mientras tanto, el tribunal deberá continuar con la evaluación de las pruebas para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

La causa sigue su curso en medio de las distintas estrategias de las partes y de un debate en el que cada declaración puede resultar relevante para reconstruir lo sucedido con Érika Álvarez.