El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz atraviesa un momento decisivo. A un mes del inicio del debate oral, una sucesión de planteos de la defensa terminó por frenar el proceso, que ahora quedó a la espera de una resolución de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional.

El debate comenzó el 10 de agosto y durante las primeras semanas avanzó con rapidez. En siete jornadas llegaron a declarar 17 testigos, entre ellos vecinos, personas que estuvieron cerca del músico y de la víctima durante la madrugada del crimen y especialistas que participaron de las pericias.

Uno de los testimonios centrales fue el de un amigo de Cristian Díaz que presenció el episodio. Según su declaración, después de una discusión se produjo un primer disparo y posteriormente otros tres. La autopsia confirmó que la víctima recibió cuatro impactos de bala. También declaró Agustina Inbernoz, quien era pareja de Álvarez al momento del hecho y aseguró que, por indicación del músico, se deshizo del arma arrojándola a un desagüe de la avenida Dellepiane.

El cambio de defensa que modificó el juicio

El punto de quiebre llegó el 19 de agosto, cuando “Pity” Álvarez decidió reemplazar a sus defensores oficiales y designó como abogados particulares a Javier Baños y Sebastián Queijeiro. Los nuevos letrados solicitaron tiempo para estudiar el expediente y posteriormente impulsaron diferentes planteos vinculados, principalmente, con el estado de salud y la capacidad del músico para afrontar el juicio.

La defensa reclamó una nueva evaluación médica, cuestionó parte de la prueba incorporada y también pidió que Álvarez fuera juzgado mediante un jurado popular. El Tribunal Oral en lo Criminal N°29 rechazó esos planteos y decidió continuar con el proceso.

La salud del ex líder de Viejas Locas e Intoxicados volvió a quedar en el centro de la discusión el 2 de septiembre. Durante una audiencia presentó períodos de desconexión y posteriormente sufrió una descompensación por un pico de presión. Una ambulancia del SAME lo trasladó al Hospital Fernández y la jornada debió interrumpirse.

Días después, sus abogados volvieron a solicitar la suspensión del debate acompañando un nuevo estudio médico. El tribunal rechazó nuevamente el pedido. En ese contexto, el juez Gustavo Goerner sostuvo que desde el cambio de defensa la situación de Álvarez parecía haberse agravado.

Finalmente, los abogados recusaron al fiscal Sandro Abraldes y a los tres jueces que integran el tribunal. Aunque los planteos fueron rechazados, el pedido de apartamiento de los magistrados debe ser revisado por Casación y el juicio quedó suspendido hasta que exista una definición.

Mientras tanto, permanece la incertidumbre sobre cuándo podrá reanudarse el debate. En una de sus últimas apariciones ante la prensa, el propio Álvarez manifestó su intención de que el proceso continúe y reconoció que había hecho “algo malo”, al tiempo que señaló que será la Justicia la encargada de decidir sobre su responsabilidad.