El Gobierno de Javier Milei trabaja contrarreloj para conseguir los acuerdos políticos que le permitan avanzar con la reforma electoral en el Congreso. La iniciativa contempla suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones de 2027, además de introducir modificaciones en el sistema de listas y el financiamiento de los partidos políticos.

La Casa Rosada busca conseguir las firmas necesarias para emitir dictamen en el Senado y llevar el proyecto al recinto el próximo 26 de noviembre. Sin embargo, las negociaciones con los bloques aliados y los gobernadores todavía presentan diferencias que complican el avance de la iniciativa.

Uno de los principales puntos de discusión es la incorporación de las listas colectoras, un mecanismo que permitiría que una misma fórmula presidencial sea acompañada por distintas listas legislativas. La propuesta busca sumar el respaldo de gobernadores que pretenden conservar autonomía en sus armados provinciales, aunque también genera resistencias dentro del oficialismo.

Las concesiones que generan diferencias

La posibilidad de habilitar nuevamente las colectoras abrió un frente de discusión con Patricia Bullrich y dirigentes cercanos a la senadora, que plantearon reparos sobre su funcionamiento y su posible constitucionalidad, especialmente en la elección de senadores nacionales.

Otro de los aspectos que está bajo revisión es el financiamiento de los partidos políticos. El proyecto original proponía eliminar los aportes públicos, pero las objeciones de los sectores aliados llevaron al Gobierno a evaluar alternativas que permitan mantener una parte del financiamiento estatal.

En cambio, el capítulo de Ficha Limpia aparece como uno de los puntos con mayor consenso. La iniciativa contempla restricciones para las candidaturas de personas condenadas por determinados delitos dolosos, con sentencia confirmada en segunda instancia.

El Gobierno busca los votos en el Senado

Las negociaciones están encabezadas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en diálogo con gobernadores y legisladores de diferentes espacios políticos. El objetivo es conseguir los respaldos necesarios para avanzar con el dictamen y evitar que las diferencias internas terminen bloqueando la reforma.

El PRO anunció que acompañará la suspensión de las PASO y otros puntos de la iniciativa, aunque mantiene observaciones sobre determinados aspectos del proyecto. En el radicalismo tampoco existe una posición unificada.

Mientras tanto, el oficialismo mantiene su intención de llevar la reforma al recinto del Senado el 26 de noviembre. La discusión será clave para definir las reglas electorales con las que se desarrollarán los comicios presidenciales de 2027.