La situación judicial del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, sumó un capítulo crítico tras el operativo concretado por agentes del FBI en el aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York. El secuestro de su celular y dispositivos electrónicos marca un punto de inflexión en la causa que la Justicia de los Estados Unidos lleva adelante por presuntas irregularidades financieras en la gestión de la entidad.

El procedimiento no fue azaroso ni aislado. Fuentes vinculadas a la investigación confirmaron que la retención de los equipos de Tapia responde a una orden emitida por la Corte del Distrito Sur de Florida, que investiga una compleja trama de evasión fiscal, lavado de activos y presuntos desvíos de fondos públicos e internacionales. La sospecha principal de los fiscales estadounidenses es que, bajo la conducción de Tapia, la AFA montó una red de contratos de patrocinio e imagen en el exterior diseñados para desviar comisiones millonarias hacia cuentas no declaradas.

El foco del expediente está puesto en el entramado comercial que rodea al dirigente. La Justicia norteamericana sigue de cerca los acuerdos firmados por la AFA con firmas intermediarias y sociedades de responsabilidad limitada (LLC) radicadas en el estado de Florida, entre las que destaca la compañía TourProdEnter, vinculada al empresario Javier Faroni. Se investiga si Tapia avaló la cesión de derechos comerciales y de cobro de partidos amistosos a estas empresas para eludir tributos y cobros de giros oficiales, canalizando dólares hacia esquemas paralelos.

Con el material incautado del teléfono de Tapia, peritos informáticos del FBI buscan reconstruir el contenido de chats, correos electrónicos, documentos adjuntos y registros de transferencias bancarias que permitan determinar la responsabilidad directa del mandatario en la firma de dichos contratos. La información extraída servirá de insumo para el interrogatorio formal al que Tapia deberá someterse el próximo 30 de julio, cuando comparezca ante el tribunal de Florida.

Hasta el momento, la estrategia de Tapia y su equipo legal se mantiene bajo estricto hermetismo. Sin embargo, la intervención directa de las fuerzas federales de Estados Unidos sitúa al máximo dirigente del fútbol argentino en una posición de alta vulnerabilidad penal y compromete la trazabilidad contable de su gestión al frente de la institución.