Tras la conclusión de un juicio oral y público de cinco jornadas, la Justicia de Tucumán condenó a dos años de prisión en suspenso a un jubilado de la Policía Federal Argentina (PFA) por haber usurpado de manera clandestina un predio del Estado provincial en El Cadillal. El fallo marca un precedente clave en el plan de recuperación de tierras fiscales que lleva adelante la Provincia en villas veraniegas y zonas turísticas.

El proceso judicial estuvo a cargo del juez Guido Buldurini, quien halló culpable al ex efectivo del delito de usurpación por despojo parcial mediante clandestinidad. Además de la pena condicional, el tribunal impuso las costas del proceso y fijó una prohibición estricta para que el condenado no vuelva a acercarse ni perturbar la posesión del terreno.

La investigación penal fue llevada adelante por la Unidad Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, conducida por el fiscal Fernando Blanno. Durante los alegatos, la auxiliar fiscal Daniela Briz Tomás detalló que las maniobras irregulares ocurrieron entre mayo y agosto de 2023 en un inmueble estatal ubicado sobre el kilómetro 2,7 de la Ruta Provincial 347.

Según expuso la acusación, el ex policía ingresó al lugar invocando una supuesta propiedad e instaló postes de madera para delimitar un lote de 443 metros cuadrados. Para consumar la ocupación, aprovechó que los cuidadores del predio estatal vivían a casi 200 metros de distancia y procedió a desplazar el alambrado perimetral en el sector noreste del inmueble. Entre las pruebas clave presentadas por la Fiscalía se destacaron pericias de ingenieros y agrimensores, así como imágenes de relevamiento satelital.

Aceleración en la restitución de predios públicos.

La resolución judicial se alinea con las acciones coordinadas entre la Fiscalía de Estado, el Ministerio de Seguridad y la Dirección General de Catastro para sanear la situación dominial en la zona de El Cadillal. En los últimos años, las ocupaciones no autorizadas en villas turísticas derivaron en relevamientos masivos e intimaciones a ocupantes irregulares.

Con la sentencia firme sobre este sector, el Estado provincial acelera la restitución efectiva de la fracción afectada para reincorporarla al patrimonio público y garantizar su destino ambiental y turístico original.