Tras un fin de semana marcado por una escalada de violencia extrema, disturbios urbanos y saqueos generalizados en los principales centros urbanos de Francia, el gobierno de Emmanuel Macron intensificó su respuesta institucional y solicitó la implementación de toques de queda localizados para frenar el vandalismo.

La medida de urgencia fue bajada a los prefectos y autoridades locales para que establezcan restricciones nocturnas a la circulación y prohibiciones de reuniones públicas en las zonas más afectadas. El Ejecutivo busca así contener los desmanes que dejaron un saldo preliminar de cerca de 2.400 detenidos y cientos de policías heridos tras enfrentamientos con manifestantes y grupos radicalizados.

Gabinete de crisis y advertencia del Ejecutivo:

Ante la gravedad de los daños materiales —que incluyeron ataques a sedes gubernamentales, comisarías y la destrucción e incendio de edificios públicos y comercios—, el presidente Emmanuel Macron encabezó un comité de crisis. El mandatario advirtió que los responsables de los destrozos y la violencia "serán perseguidos y castigados", distanciando las protestas legítimas de lo que calificó como actos delictivos perpetrados por extremistas. Por su parte, desde el Gobierno señalaron que, aunque por el momento se descarta declarar un estado de emergencia nacional, las fuerzas de seguridad mantendrán un despliegue reforzado y operativo en las calles para restablecer el orden público.

En paralelo a las medidas de contención policial, la administración central abrió una vía de negociación política, anunciando una serie de mesas de diálogo con sindicatos, docentes y sectores estudiantiles para intentar encauzar las demandas sociales que originaron la movilización.