En un nuevo y determinante capítulo del millonario litigio por la expropiación de la petrolera de bandera, la jueza federal del distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, dejó formalmente sin efecto la condena de aproximadamente US$ 16.100 millones que pesaba sobre la República Argentina. De esta manera, el tribunal dio cumplimiento formal a las directivas procesales tras el revés dictado previamente por la Cámara de Apelaciones.

La medida dictada por Preska sella formalmente la etapa de primera instancia que se había iniciado con el fallo adverso de septiembre de 2023. Aquella sentencia original había impuesto al Estado argentino el pago de una astronómica cifra a favor de los fondos demandantes (entre los que se destacan Petersen Energía y Eton Park, respaldados financieramente por el fondo de litigios Burford Capital), bajo el argumento de que el país había incumplido los estatutos societarios de la compañía al momento de estatizar el 51% de las acciones en 2012, omitiendo realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) para los accionistas minoritarios.

El trasfondo político-económico y el impacto en los mercados:

La noticia representa un fuerte alivio temporario para las cuentas públicas y la administración macroeconómica nacional, dado que la magnitud de la sentencia original constituía una de las contingencias judiciales más pesadas y amenazantes para la estabilidad financiera del país y las reservas internacionales.

Sin embargo, a pesar de la formalización de la anulación en el estrado neoyorquino, los especialistas advierten que el expediente judicial aún no está cerrado de forma definitiva. Los fondos litigiosos no se dieron por vencidos y ya interpusieron un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, buscando que el máximo tribunal norteamericano revise y revoque el criterio de la Cámara de Apelaciones.

Por su parte, la Procuración del Tesoro de la Nación y el equipo legal que representa a la Argentina continúan monitoreando cada movimiento en los tribunales internacionales, a la espera de que la Corte Suprema de EE. UU. defina si tomará el caso bajo su órbita o si, por el contrario, dejará firme el freno definitivo a uno de los juicios más caros de la historia económica argentina.